La Corte Penal Internacional puede empujar la paz

Contrario a lo que piensa buena parte de los analistas, creo que la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia, o la amenaza permanente de que va a hacerlo, puede contribuir a la búsqueda de la reconciliación nacional. Dos razones de esta convicción:
Una, la justicia internacional tenderá a investigar y a juzgar a los altos funcionarios del Estado y con ello abrirá las puertas para establecer las responsabilidades políticas en la grave crisis humanitaria que vive el país.
Dos, una vez se nivele por lo bajo a todos los responsables de crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, la sociedad buscará en los mecanismos de la justicia transicional un camino cierto para la reconciliación.
La justicia colombiana ha tenido dos raseros para juzgar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En el caso de las guerrillas y los paramilitares privilegia la responsabilidad de los grandes jefes y de la organización en su conjunto. En el caso de agentes del Estado, su esfuerzo se dirige a los bajos rangos y a las responsabilidades individuales.
Para eludir la responsabilidad del Estado y de la dirigencia política en la larga y ominosa confrontación que ha vivido el país, los gobiernos se han inventado la teoría de las "manzanas podridas" de los "hechos aislados". Con este artificio han logrado prolongar al infinito la tragedia de la guerra.
Porque la historia contemporánea del mundo ha demostrado que las transiciones de las dictaduras a las democracias o de las guerras a la paz empiezan cuando los presidentes reconocen abiertamente la responsabilidad del Estado y asumen el liderazgo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Así ocurrió en Argentina y Chile y así sucedió en El Salvador y Suráfrica.
La existencia de la Corte Penal Internacional y la presencia en el país del Fiscal, Luis Moreno Ocampo, ya han dado sus frutos. No tengo la menor duda de que la firmeza que ha mostrado la Corte Suprema en el juicio a los parapolíticos y el mayor compromiso de la Fiscalía en el esclarecimiento de algunos crímenes de agentes del Estado se deben al respaldo que sienten en este y otros organismos internacionales. Con este apoyo, se han atrevido a enfrentarse al presidente Uribe.
No pasará mucho tiempo para que un presidente comprometido con la reconciliación nacional siga el camino de las cortes y se eche al hombro la tarea de esclarecer la ignominia que ha dejado la degradación infame de nuestra guerra.
En ese momento, los dirigentes políticos, los funcionarios del Estado, los militares, los paramilitares y los guerrilleros comprometidos en la barbarie buscarán el amparo de la justicia transicional para responder por sus culpas y aliviar sus penas con el trato generoso que prodiga este instrumento de reconciliación. También en ese instante las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas que buscan la paz pondrán sus ojos en la reconciliación y privilegiarán la verdad y la reparación sobre el castigo de los victimarios.
Esta no es una cábala, es una conclusión extraída de los últimos acontecimientos del país. Entre los vinculados a la parapolítica se ha ventilado la idea de acogerse a la ley de Justicia y Paz. Y en el seno de los militares se discute también la posibilidad de que algunos miembros de la Fuerza Pública implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad recurran a la justicia transicional.
Es una novedad. Como lo fue el que las organizaciones de derechos humanos se opusieran a la extradición de los 14 jefes paramilitares y propusieran su permanencia en el país para ser juzgados conforme con las normas de ley 975. Estaban poniendo la verdad y la reparación por encima del castigo.